La
llegada de la Democracia y la Constitución de 1978 suponen una auténtica
revolución, cuando tras una larga dictadura los periódicos ya experimentan
importantes cambios de propiedad, gozan de la libertad de expresión y sufren
una profunda revolución tecnológica. Más en concreto, en el Art.20.d CE se
especifica que todo ciudadano tiene derecho a comunicar o recibir libremente
información veraz por cualquier medio de difusión. Así comenzó la transparencia
en la información en España tras la censura que se experimentó en la época de
Franco.
Dejando
atrás una dictadura y con la llegada de la Monarquía que colocaba al país en
una democracia, llegaba también un momento de grandes avances para la prensa,
el derecho a las movilizaciones, y valiosos resultados en trabajos
periodísticos a partir de filtraciones de información. En 1993, la Asamblea
general de las Naciones Unidas proclama el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad
de Prensa, acogiéndose a los principios de libertad, pluralidad e
independencia. Un año después, Freedom House -organización no gubernamental que
conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los
derechos humanos-, considera que España es una de las Naciones más libres del
planeta; uno de los países mejor posicionados en el ranking Internacional.
Hace
un año que Freedom House advierte en un informe: “la libertad de prensa en
España alcanza su nivel más bajo durante la democracia”. ¿Qué ha pasado en
España para que dos décadas más tarde la misma organización pase de catalogar el
país de uno de los más democráticos, a denominarlo como uno con una libertad de prensa casi parcial, según declaraciones
de la directora del programa, Karin Deutch? Por primera vez la prensa española
es juzgada desde Washington, donde la organización ha planteado un debate
insólito: situar al país en una categoría inferior donde se encuentran naciones
como Argelia, Guatemala, India o Mongolia.
Prueba
de la preocupación de esta organización es la puesta en marcha el 26 de marzo
de 2015 de la Propuesta de Ley de la Seguridad Ciudadana. Una Ley que significa
un paso atrás en la historia de la libertad de prensa en España, y que en plena
campaña electoral nos hace recordar aquel enero de 2011 en el que se aprobaba
una Reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), y que
reunió a miles de personas en el movimiento 15-M. Una Reforma que permaneció casi
desapercibida tras La Acampada de Sol en Madrid, y que ahora podemos tomar como
antecedente a otras modificaciones de leyes encaminadas a oprimir al ciudadano,
no solo en las urnas, sino también en su derecho a recibir libremente
información. Regulaciones que de manera directa afectan a los medios de
comunicación y al sector periodístico, restringiendo la libertad en su
ejercicio, y que de manera indirecta afectan al ciudadano de a pie. Una nueva
legitimación que hace plantearnos hasta qué punto es España un país
democrático. Permite a las autoridades multar a las personas que participen en
protestas espontáneas o que “falten al respeto” a los agentes, grabar a la
policía y hacer uso de las imágenes sin autorización, reunirse o manifestarse
en infraestructuras de servicios públicos, manifestarse frente a la sede del
Congreso, del Senado o de parlamentos autonómicos si se "perturba la
seguridad", impedir un desahucio, negativa de disolución de concentración
o manifestación, y un largo etcétera.
"Esta
ley es exactamente lo que parece: una ley mordaza que considera un peligro a
todo ciudadano libre y crítico, y que no pretende castigar más, sino con menos
garantías", afirma el diputado Ignacio Sánchez Amor, ponente socialista
del proyecto de ley. "Esta ley recuerda a la vieja legislación franquista
de orden público, y entre libertad y seguridad, opta claramente por la
segunda", añade.
Amnistía
Internacional, Rights International Spain y más de 70 colectivos integrados en
la plataforma “No Somos Delito” han denunciado el peligro que esta normativa
supone para la democracia. El pasado 23 de febrero, varios relatores especiales
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se dirigieron al Gobierno español y
aseguraron que estas reformas legislativas “amenazan con violar derechos y
libertades fundamentales de los individuos”.
La
FAPE, en representación de sus 48 asociaciones de periodistas y de las 15
organizaciones vinculadas, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa se acoge
al manifiesto “#LibertadDePrensa: Sin periodistas, no hay periodismo y sin
periodismo, no hay democracia”, que ha sido difundido a través de una atractiva
campaña por las redes sociales. Este pasado 3 de mayo, España pudo vivir más
que el día del derecho a la libertad de prensa, un día de luto y de crispación
por la reciente aprobación de una ley que desde que fue anunciada por el
ministro de Interior, José Fernández Díaz,
ha sido rechazada por parte de colectivos sociales y de juristas, que
han visto en la normativa impulsada desde el Partido Popular una limitación de
los derechos de expresión y manifestación no admisibles en un Estado
democrático.
Esta
Ley nos priva a los que nos dedicamos al ejercicio del periodismo y va más
allá: “convierte al periodista en un delincuente”.
Y
eso no es todo. Ahora nos encontramos a la espera de un Proyecto de Ley que impediría a los
medios de comunicación de publicar filtraciones. Rafael Catalá, actual ministro
de Justicia, asegura que “un buen debate sería trasladar la sanción al medio e
imponer la obligación de la no publicación de la información", y ha
añadido que "no estaría de más que pudiésemos debatir sobre esto, si de
verdad nos creemos que es bueno no vulnerar el principio de presunción de
inocencia".
Un
planteamiento que hace bajo el pretexto de proteger la
"confidencialidad" de las causas judiciales y la presunción de
inocencia de los investigados. Me pregunto a dónde iremos a parar si alguien no
detiene a los políticos de la “democracia” que intentan quitar a los españoles
y a la prensa todos los derechos que hace un tiempo se ganaron nuestros
antepasados.
Laura Acosta
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